Veinticinco años después de uno de los peores desastres ambientales de España, se abrió el martes una demanda contra la empresa minera sueca involucrada en la ciudad sureña de Sevilla.
El caso, presentado por el gobierno regional de Andalucía, responsabiliza a la empresa minera Boliden por el derrame tóxico de 1998 que contaminó franjas de ríos y humedales con metales pesados como arsénico, cadmio y mercurio.
Los humedales del Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son el hogar del lince ibérico en peligro crítico de extinción y son un punto de parada vital para los millones de aves que migran entre Europa y África.
El desastre ocurrió cuando explotó la piscina de reserva de aguas residuales en la mina de plomo y zinc Boliden en la ciudad de Aznalcollar, arrojando más de cinco millones de metros cúbicos (17,5 millones de pies cúbicos) de lodo altamente ácido al río y al agua subterránea.
El derrame tóxico del 25 de abril de 1998 mató a decenas de toneladas de peces y contaminó casi 5.000 hectáreas de frágiles humedales.
La Junta de Andalucía se ha gastado millones en limpieza.
El caso comenzó el martes después de años de disputas legales que se detuvieron en 2002 cuando la Corte Suprema dictaminó que Bolidin no era penalmente responsable.
Boliden ha negado durante mucho tiempo su responsabilidad por el desastre y culpó a una subsidiaria de la constructora española Dragados de haber construido el tanque séptico.
“Nuestra posición es que asumimos una gran responsabilidad en términos de limpiar el incidente y, por lo tanto, esta acusación debe ser desestimada”, dijo a la AFP un portavoz de Boliden.
– Laberinto legal –
El desastre medioambiental de la mina fue uno de los peores que había sufrido España.
El gobierno de Andalucía, donde se encuentra Aznalcóllar, presentó una demanda civil contra Boliden en 2002 tras la desestimación de las causas penales presentadas por Andalucía, el Estado español y las federaciones ambientales, incluidos los ecologistas en el trabajo.
El procedimiento fracasó durante años mientras Boliden lanzaba repetidas apelaciones, pero en 2012 la Corte Suprema dictaminó que el caso contra la empresa debía seguir adelante.
El gobierno de Andalucía dijo que ahora espera que “se haga justicia”.
Está buscando una compensación de 89 millones de euros (97 millones de dólares) de la multinacional sueca, el equivalente a las sumas gastadas tratando de limpiar las 4.643 hectáreas que fueron contaminadas.
El gobierno de Madrid fue multado con más de 45 millones de euros en agosto de 2002, pero se negó a pagar alegando que no fue declarada culpable en los tribunales.
“Un cuarto de siglo después, el caso sigue siendo un laberinto legal sin un fallo decisivo”, se quejaron los ambientalistas en el trabajo en un informe de abril.
“Este caso… es indicativo de la forma en que opera la industria minera en todo el mundo”, dijo.
“Este enfoque social y ambientalmente irresponsable ha convertido a la industria minera en una de las principales amenazas para la vida en este planeta”.
La mina Aznalcollar, que fue abandonada por Boliden en 2001, está programada para reabrir pronto, una vez que el nuevo operador, el conglomerado minero mexicano Grupo México, reciba las licencias suspendidas de las autoridades regionales.
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